Así pues ¡bien cheverísimo había sido!  Tienes un cargo público y ¡zas! eres  el elegido “por los dioses” para utilizar los autos del Estado (Comprados con los impuestos de los peruanos que sí pagan impuestos). Además vas y  contratas a toda tu mancha, o simplemente tienes un jefe de seguridad que vende puestos de trabajo en coordinación con otros empleados del Estado. Ésto, se llama corrupción y, sobre todo, es una gran falta de respeto hacia todos los peruanos.

Lamentablemente la denuncia realizada ayer por @Cuarto_Poder contra el jefe de seguridad del Presidente del Congreso, César Zumaeta, no tiene nada de novedoso. Independientemente de si las acusaciones son ciertas o falsas (eso no me corresponde a mí decirlo), no creo que sea el único caso sino más bien una práctica extendida entre funcionarios y empleados estatales que hacen uso de los activos del Estado para fines personales. Ojalá que la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción lidere, a partir de este caso, un operativo de transparencia pública sobre los bienes asignados a los funcionarios y empleados del Estado.

En general, utilizar autos del Estado asignados para funciones oficiales para recoger a los hijos del colegio o llevar a la esposa a la playa, está mal. El auto, no te lo asignan a tí, funcionario, se lo asignan a tus funciones oficiales. Si por ejemplo, no vas a trabajar y te vas a ir a Eishia el fin de semana, anda con tu carro o que te jale tu pata, porque no corresponde que todos los peruanos te paguen la gasolina al km 43 ni al km 100. Y si vas a contratar a alguien, no debe ser tu pariente (ni pariente político), debe tener las calificaciones adecuadas y pasar por un proceso de  selección.

El baile del “Washing Hands”

Lo que vendrá es también conocido en nuestra cultura política. Sin tener una bola de cristal, podría apostar que 1) Zumaeta dirá (como ya empezó a decir ayer) que no estaba enterado de nada de esto. Humildemente considero que un funcionario del Estado sí  tiene  responsabilidad  sobre sus empleados y lo que hagan en ejercicio de su cargo también.

2) Luego, le querrán echar la culpa a las áreas burocráticas y administrativas: Transportes y a la Administración (Oficialía Mayor) y finalmente, 3) despedirán al acusado, porque alguien tiene que pagar y seguro no será el funcionario el que pague, sino su empleado. Es el baile de sacudirse las culpas, o del Washing Hands.

Lo que falta es educación: curso de ética obligatorio!

Para evitar “malos entendidos” del personal que trabaja en el Estado, debería ser obligatorio que tanto los funcionarios públicos, como los empleados estatales aprueben un curso de ética al inicio de sus funciones, donde se les explique claramente la naturaleza de su cargo y sus responsabilidades relacionadas a los servicios, el personal y los activos del Estado. De esta manera garantizaríamos que todos sepan qué es correcto, qué no, y qué cargos les pueden ser imputados si incumplen las normas. Esto es algo que muchos países hacen y a ver quién me puede  decir que el Perú no necesita educar a sus funcionarios públicos.

Este curso, además, debería ser automático y no dictado por personas, sino a través de un  software, de manera que eliminamos el “error humano” del curso. Un programa computarizado sencillo con preguntas y respuestas que te brinda el certificado una vez que el sistema haya obtenido las respuestas correctas del alumno, es lo más sencillo y útil para estos casos. La gente de Servir con la ONGEI , ay, olvidé que su web había sido atacada por Anonymous, tal vez podrían contratar mejor a privados para que les hagan el programillo.

Lamentablemente es verdad que no capacitamos a nuestros funcionarios. Este 28 de julio vamos a tener un sinnúmero de nuevos empleados y representantes del Estado, varios de ellos son Congresistas, a quienes habría que capacitar a penas entran, no cuando ya se sientan los reyes públicos y no se les pueda enseñar nada, porque piensen que no tienen nada que aprender.

Por qué Zumaeta

Finalmente, no seamos ingenuos... esta acusación contra la gente de Zumaeta y no de tantos otros casos semejantes en el Estado, debe tener un origen político, ¿no les parece?

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